Petaqueo: de 38 a 300 euros, la garrafa del narco andaluz

Un chaval entra en una gasolinera de autoservicio a la salida del polígono. Son las once de la noche. No mira a los lados. Mete la tarjeta. Llena una garrafa de veinticinco litros. La pone en el maletero. Vuelve a meter la tarjeta. Llena otra. Y otra.

A las tres de la madrugada, las seis garrafas están en la orilla de la ría de Isla Cristina. Las recoge otro hombre. Las paga a doscientos euros la unidad. Mil doscientos euros por seis garrafas que en la gasolinera del polígono costaban doscientos veintiocho.

Eso es el petaqueo.

La fiscal antidroga de Huelva, Ana Laso, lo explicó en La entrevista de las nueve en la COPE, con el periodista Andros Lozano. Dio cifras. Una garrafa de veinticinco litros de gasolina noventa y ocho octanos —el combustible de los motores fueraborda de las narcolanchas— cuesta en gasolinera unos treinta y ocho euros. Si el petaquero entra en la estación con dinero ajeno y solo llena, cobra diez euros por garrafa. Si pone el combustible de su bolsillo, la misma garrafa pasa a costar entre sesenta y ochenta. Si la entrega se hace en la costa, doscientos. A un par de millas mar adentro, doscientos cincuenta. Con temporal, trescientos.

Trescientos euros por veinticinco litros de gasolina. Un ochocientos por ciento sobre el precio de salida.

La escalera

Las cuentas son sencillas. El Español publicó el año pasado un reportaje en el que fuentes policiales advertían de que pequeños traficantes de hachís estaban abandonando la droga para dedicarse al combustible. La frase que recogía el periódico la decían sin metáfora: «Solo hay que multiplicar cien petacas por doscientos cincuenta euros.»

Veinticinco mil euros en una noche.

Sin sacar un gramo de hachís del puerto. Sin la pena del tráfico de drogas. Sin —hasta hace unos meses— consecuencia penal alguna.

Laso contó también el caso de una persona identificada por su despacho que había pagado más de trece mil euros en una sola gasolinera en cuarenta y ocho horas. Más de ocho mil litros de gasolina noventa y ocho octanos. Una persona. Una tarjeta. Dos días. Ningún empleado preguntó. No había empleado.

El vacío

Porque el petaqueo prosperó en un vacío. Comprar gasolina ha sido legal siempre que no se superen sesenta litros por operación. Cuando se superaba esa cifra, sanción administrativa por acopio de material peligroso. Multa. Y archivo. Cada procedimiento judicial abierto tras una incautación acababa archivándose. La impunidad generó cultura. En Isla Cristina circuló hace unos años un vídeo de un petaquero conocido del pueblo insultando a unos agentes de la Guardia Civil a la cara. Sabía que no le iba a pasar nada. Y no le pasó.

En enero de este año, algo cambió. La Fiscalía de Huelva presentó por primera vez un escrito de acusación contra dos petaqueros. Pidió siete años de cárcel para cada uno. Los habían detenido navegando con tres mil doscientos cincuenta litros de combustible repartidos en ciento treinta garrafas, a bordo de una semirrígida de catorce metros con cuatro motores y un radar. No era un coche con seis bidones. Era un barco de profesionales. La fiscalía encajó el caso en el tipo de cooperación necesaria con tráfico de drogas y posible pertenencia a organización criminal.

Es la primera vez. El procedimiento sigue abierto.

Mujeres y jóvenes

La Guardia Civil describe el primer eslabón de la cadena con tres palabras: «de mujeres, de jóvenes». Personas anónimas en gasolineras de autoservicio. Las low cost de las afueras del pueblo. Las que no tienen empleado al otro lado del cristal. Metes la tarjeta. Llenas. Te vas. Repites.

La Fiscalía Antidroga de Huelva habla de «deterioro social» en los municipios costeros. La frase es burocrática y no dice nada. Lo que dice se ve mejor en otro sitio. Se ve a las cinco de la tarde, en la cocina de una casa de Lepe, o de Punta del Moral, o de cualquier pueblo del litoral donde la tasa de paro juvenil dobla la media nacional, cuando llega la factura de la luz y se mira el calendario y se hace el cálculo. El petaqueo no se vende como narcotráfico. Se vende como «llevar unos bidones». No es droga. No es transporte de droga. No es delito penal —hasta enero no lo era—. Y paga.

La distancia entre llenar una garrafa por encargo y formar parte de la cadena logística de una organización que mueve toneladas de hachís se mide en una conversación. La que se tiene la primera vez con quien te ofrece el trabajo. Después ya no hace falta volver a tenerla.

Las narcolanchas no flotan en el aire. Flotan en el mar. Y en el mar se mueren guardias civiles, como los cuatro de Barbate, y se mueren chavales como los que se ahogan cada otoño cuando una zódiac se vuelca con el oleaje de noche. La gasolina que arde en esos motores la cargó alguien en una gasolinera del polígono. La cargó por sesenta euros. La cargó porque le hacía falta. La cargó porque ofrecérsela a un hombre con un coche grande era el trabajo mejor pagado que iba a encontrar este mes.

La narcolancha es la pieza visible. El petaquero es el operario invisible. La gasolinera de autoservicio del polígono es el primer eslabón de una cadena que termina en el puerto de Róterdam y empieza en una boca de surtidor que no pregunta. La pantalla del datáfono no pregunta. La cámara de seguridad —si la hay— se borra cada quince días.

Sobre el mundo en el que ocurre todo esto trato de escribir en El peso del silencio, la novela que tengo entre manos. Un guardia civil pasa cuatro años destinado al Campo de Gibraltar aprendiendo a leer el paisaje. El petaqueo no es el centro de la historia. Pero está ahí. Está en cada coche que baja al polígono con las luces apagadas, en cada chaval que mira el mar con una tarjeta de débito en una mano y un teléfono en la otra. Está sobre todo en el aire de una comarca donde la palabra «trabajo» significa, para mucha gente joven, cosas que no aparecen en ninguna oferta de empleo.

Trescientos euros la garrafa. Con temporal.